La desvinculación de 47 trabajadores de seguridad privada del Hospital Regional Enrique Vera Barros, en la provincia de La Rioja, generó un fuerte conflicto laboral y dejó a decenas de familias en una situación de incertidumbre. Tras las protestas de los empleados despedidos, autoridades del Gobierno provincial se comprometieron a intervenir para gestionar el pago de indemnizaciones y analizar posibles alternativas de continuidad laboral.
El conflicto se originó luego de que el hospital dejara de contratar a la empresa de seguridad privada Omega, lo que derivó en el despido de los vigiladores que prestaban servicio en el principal centro de salud de la provincia.
Según denunciaron los trabajadores, muchos de ellos habían aceptado previamente renunciar a su antigüedad, en algunos casos de hasta 10 años, con la promesa de ser incorporados por una nueva firma que asumiría la prestación del servicio. Sin embargo, ese traspaso finalmente no se concretó y los dejó sin empleo y, hasta el momento, sin percibir las indemnizaciones correspondientes.
El hospital atribuye la decisión a recortes presupuestarios
El director del hospital, Gabriel Goitea, explicó que la desvinculación responde a limitaciones financieras del establecimiento y vinculó la situación con el contexto económico nacional. “Vienen ajustando mucho de Nación y se termina sintiendo aquí”, señaló el funcionario, al referirse a la reducción de recursos que reciben las instituciones públicas.
En ese sentido, aseguró que el hospital no puede sostener el costo de un servicio de seguridad tercerizado bajo las condiciones actuales. “Por razones presupuestarias no podemos afrontar mantener una empresa de seguridad privada”, afirmó Goitea.
Reunión con el gobierno provincial
En medio del conflicto, los trabajadores fueron recibidos en Casa de Gobierno por el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, y el jefe de Gabinete, Juan Luna Corso.
Durante el encuentro, los vigiladores expusieron su preocupación por la pérdida del empleo y el impacto que la situación tiene sobre sus familias. Tras la reunión, desde el Gobierno provincial indicaron que gestionarán acciones para que los trabajadores despedidos puedan cobrar las indemnizaciones correspondientes.
Además, las autoridades señalaron que también evaluarán la posibilidad de generar alternativas de continuidad laboral, aunque aclararon que esto dependerá de las posibilidades administrativas y presupuestarias.
Luego del encuentro, los trabajadores valoraron la apertura del diálogo con las autoridades provinciales y manifestaron su expectativa de que en los próximos días se puedan alcanzar soluciones concretas.
