La licitación de seguridad privada para escuelas de San Juan generó cuestionamientos por parte de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), que advirtió que algunas ofertas económicas presentadas por empresas del sector estarían por debajo del costo real del servicio y podrían derivar en precarización laboral de los vigiladores.
El proceso, correspondiente a la Licitación Pública N.º 0008/2026, despertó el interés de 35 empresas de seguridad privada. Sin embargo, únicamente cuatro lograron superar la evaluación técnica y administrativa prevista en el pliego: Aries Seguridad Privada, VIP Seguridad, Fravalex y El Guardián SRL. Hasta el momento, el Gobierno provincial no informó cuál será la firma adjudicataria.
El delegado de UPSRA en San Juan, Pablo Ábrego, señaló que la principal preocupación del sindicato no radica en qué empresa resulte ganadora, sino en las ofertas económicas presentadas durante el proceso. «Nadie puede creer que una empresa venda un servicio por debajo del costo. Eso es porque al empleado se lo contrata en negro o parte de su sueldo está fuera de la ley», sostuvo.
Desde el gremio afirmaron que este tipo de cotizaciones puede traducirse en salarios inferiores a los establecidos por el Convenio Colectivo de Trabajo, irregularidades en el pago de horas extras o registraciones parciales de los trabajadores. En ese sentido, Ábrego indicó que la organización ya manifestó su preocupación a las autoridades del Ministerio de Educación y reclamó que la adjudicación contemple el cumplimiento de la normativa laboral vigente.
Asimismo, el dirigente adelantó que UPSRA permanecerá «en estado de alerta» ante futuras licitaciones de otros organismos provinciales y anticipó que, una vez concluido el proceso, el sindicato fiscalizará los recibos de sueldo y el pago de horas extras de los vigiladores que resulten afectados al servicio. El objetivo, explicó, es garantizar que las empresas adjudicatarias respeten las escalas salariales y las condiciones laborales establecidas en las paritarias del sector.
Mientras el Ministerio de Educación continúa analizando las propuestas que superaron la etapa técnica, el gremio insistió en que el criterio económico no debe prevalecer sobre el cumplimiento de la legislación laboral y reclamó mayores controles estatales para asegurar que las empresas de seguridad privada respeten los derechos de los vigiladores.
