UPSRA San Juan alerta por licitaciones y salarios en seguridad privada

El sindicato alertó sobre contrataciones estatales con valores por debajo de los costos del sector. Asegura que la situación podría derivar en precarización laboral y anticipa posibles acciones legales.

El sector de la seguridad privada en la provincia de San Juan atraviesa un escenario de creciente tensión. Desde la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), el referente local Pablo Abrego advirtió sobre presuntas irregularidades en licitaciones públicas y puso el foco en el impacto que estas condiciones tendrían sobre los trabajadores.

En declaraciones a Telesol Diario, Abrego cuestionó recientes llamados a licitación impulsados desde organismos estatales, en particular en el ámbito del Ministerio de Turismo y Cultura. Según indicó, los procesos contemplan contrataciones por períodos breves y con valores que, de acuerdo con su análisis, no permitirían cubrir los costos laborales vigentes.

“No puede aceptar una empresa que le cobre 7.000 pesos la hora o 6.000 pesos la hora, eso quiere decir que va a precarizar al guardia”, sostuvo el dirigente, quien vinculó esos montos con un posible deterioro en las condiciones de trabajo.

El dirigente también describió el impacto que esta situación podría tener en los trabajadores. “Esa persona va a tener que hacer 280 o 300 horas para poder llegar a ganar un básico”, señaló, y precisó que el salario base del sector ronda actualmente los 868.000 pesos.

Pasos a seguir

Frente a este escenario, desde UPSRA informaron que se declararon en estado de alerta y movilización. “Si la Subsecretaría de Trabajo no llama, lo vamos a elevar a la justicia”, afirmó Abrego, quien no descartó una escalada del conflicto en caso de no obtener respuestas.

Además, el referente sindical apuntó contra el rol del Estado en los esquemas de contratación. “El responsable es el cliente, porque no paga. Entonces, acá el Estado es responsable”, expresó, y agregó que situaciones similares, según denunció, ya se habrían registrado en otras áreas como Salud y Educación.

En relación con las respuestas oficiales, Abrego indicó que desde el sector público se les habría sugerido canalizar las denuncias contra las empresas prestadoras. “Nos contestan que tendríamos que denunciar a la empresa, porque la empresa es la responsable de pagarle al guardia. ¿Y quién le da el servicio? El ministro”, cuestionó.

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