La Agrupación Sur, línea interna de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), presentó este lunes una impugnación administrativa y judicial contra el artículo 15 del reciente acuerdo paritario firmado entre el sindicato y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), homologado por la Secretaría de Trabajo el pasado 17 de julio.
La presentación, encabezada por Marcelo Greco junto a dirigentes de Agrupación Sur y de la agrupación interna «Autoconvocados 1982», solicita la nulidad de la cláusula que establece un aporte solidario del 2 por ciento para los trabajadores no afiliados y cuestiona además la eventual retención del 5 por ciento sobre los afiliados, al considerar que ambas disposiciones vulneran la libertad sindical y afectan el derecho de propiedad de los trabajadores.
Cuestionamientos al aporte solidario
En el escrito, los dirigentes sostienen que el descuento obligatorio constituye una medida «confiscatoria» y afirman que la denominada cuota solidaria impone una carga económica a trabajadores que decidieron no afiliarse al sindicato.
Según argumentan, la homologación del acuerdo convalida una retención que, a su entender, contradice principios constitucionales y convenios internacionales sobre libertad sindical, además de la Ley de Asociaciones Sindicales y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Asimismo, cuestionan que el destino declarado de los fondos sea financiar tareas de capacitación y fiscalización, al considerar que esas funciones forman parte de las obligaciones propias de la organización sindical.
Pedido de auditoría sobre los fondos
Además de solicitar la nulidad del artículo impugnado, la Agrupación Sur pidió la intervención de la Auditoría General de la Nación y de la Oficina Anticorrupción para que controlen el uso de los recursos que se recaudarían mediante el aporte.
En la presentación, los denunciantes estiman que el fondo podría alcanzar aproximadamente $4.000 millones mensuales y solicitan que, en caso de mantenerse vigente el mecanismo, se establezca un sistema permanente de auditoría pública y rendición de cuentas sobre esos recursos.
Como alternativa, proponen que los fondos sean destinados exclusivamente a proyectos vinculados con la actividad, entre ellos la creación de institutos educativos para trabajadores de seguridad privada, la adquisición de inmuebles para servicios gremiales y recreativos, y la implementación de un sistema transparente para la recepción y seguimiento de denuncias laborales.
Denuncias y pedidos al Gobierno
En su presentación, Greco y los demás firmantes también formularon denuncias sobre presuntas irregularidades en la homologación del acuerdo y solicitaron que distintos organismos nacionales evalúen la eventual existencia de responsabilidades administrativas o penales.
El recurso fue dirigido a la ministra de Capital Humano, la Secretaría General de la Presidencia, la Auditoría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción, además de notificarse a las partes firmantes del acuerdo paritario. Entre los pedidos centrales figura que se declare la nulidad del descuento del 2 por ciento para trabajadores no afiliados y del 5 por ciento para afiliados, o, subsidiariamente, que los fondos queden sujetos a un esquema de control permanente.
