Avanza una causa por presunto otorgamiento irregular de fondos a empresas de seguridad

La investigación en la Justicia Federal se enfoca en el uso de los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC). La denuncia fue presentada por Marcelo Greco, quien pidió nuevas medidas de prueba y señaló posibles irregularidades en la asignación de beneficios.

Una causa judicial que investiga el presunto otorgamiento indebido de fondos estatales a empresas privadas de seguridad entra en una semana clave en los tribunales federales, tras la presentación de nueva documentación.

La denuncia fue impulsada por Marcelo Greco, Secretario General de la Agrupación Sur, espacio interno vinculado a la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), quien aportó pruebas ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 en relación con la asignación de los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) y otros acuerdos similares.

Según la presentación, los beneficios habrían sido otorgados a empresas que no atravesarían situaciones de crisis reales. Además, se indicó que algunas de esas firmas ya habrían renovado dichos programas y, al mismo tiempo, mantendrían vínculos contractuales con el Estado nacional, prestando servicios en hospitales públicos, ferrocarriles y aeropuertos.

En la denuncia también se plantea que ciertas compañías que accedieron a estos programas habrían realizado despidos de personal, pese a que las condiciones de los PPC establecen la preservación de los puestos de trabajo como requisito para acceder a los beneficios.

Greco solicitó a la Justicia la adopción de nuevas medidas de prueba, entre ellas la intervención de organismos de control administrativo y la colaboración de áreas vinculadas a la investigación de posibles irregularidades en la gestión pública.

Asimismo, el denunciante indicó que habría informado sobre la situación a distintas autoridades nacionales, incluyendo funcionarios del área laboral y del Poder Ejecutivo.

En otro tramo de su presentación, Greco señaló que habría sido víctima de amenazas y de maniobras que, según su planteo, tendrían como objetivo impedir su actividad gremial. También sostuvo que estas acciones podrían estar vinculadas a intereses de empresas del sector.

Por último, el dirigente reiteró el pedido para que se informe la fiscalía interviniente en la causa y se detallen las primeras medidas adoptadas en el marco de la investigación, que continúa en curso.

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