Ingresó al Concejo Municipal de Rafaela una propuesta que busca reforzar los controles en las contrataciones de seguridad privada y de control de admisión y permanencia realizadas por el Municipio. La iniciativa plantea incorporar mecanismos de auditoría que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas antes de la adjudicación de los contratos y durante toda su ejecución.
Según la presentación, además de evaluar el precio de las ofertas, también deberían analizarse distintos aspectos vinculados a la situación laboral, previsional y administrativa de las firmas que participan en las licitaciones.
Qué controles proponen incorporar
Entre las medidas sugeridas se encuentra la verificación de documentación que permita acreditar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las empresas prestadoras.
Los puntos incluidos en la propuesta contemplan:
- La presentación del formulario F.931 y la nómina del personal declarado.
- La cantidad de trabajadores registrados en relación con las horas de servicio contratadas.
- El cumplimiento del convenio colectivo de trabajo.
- El pago de aportes previsionales.
- La cobertura de ART y los seguros obligatorios.
- La habilitación provincial de la empresa.
- Las credenciales habilitantes del personal.
- La justificación técnica y económica de aquellas ofertas con valores considerablemente inferiores al costo razonable del servicio.
También apuntan al control de admisión y permanencia
La nota también solicita que, en las contrataciones relacionadas con espectáculos públicos, eventos masivos y otras actividades que requieran tareas de control de admisión y permanencia, el Municipio verifique el cumplimiento de la Ley Nacional Nº 26.370 y de la normativa provincial vigente.
En ese sentido, se propone exigir que estas funciones sean realizadas únicamente por empresas y trabajadores que cuenten con las habilitaciones correspondientes.
Los impulsores de la iniciativa aclararon que el planteo no está dirigido contra ninguna empresa en particular, sino que apunta a fortalecer los mecanismos de control en las futuras contrataciones municipales.
Según indicaron, el objetivo es garantizar la transparencia de los procesos, asegurar la igualdad de condiciones entre las empresas que cumplen con la normativa vigente y promover una competencia basada en el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y legales del sector de la seguridad privada.
