Después de ver la usura que está llevando adelante Galperín con sus préstamos a tasas increíbles. La nueva «Forestal» en la que se constituyeron aplicaciones como Rappi, donde el 70% de sus trabajadores están endeudados con las mismas plataformas para comprar sus herramientas de trabajo. Creo que en Argentina tenemos que empezar a discutir la creación de plataformas públicas que compitan con Mercado Libre, Mercado Pago, Rappi y otras empresas de la economía digital. Ya que son servicios que se volvieron prácticamente indispensables para comerciantes, consumidores y trabajadores. Pero esa dependencia también implica transferir una parte cada vez mayor de los ingresos hacia intereses privados que controlan esas plataformas.
Tomemos un ejemplo concreto. Hoy Mercado Libre cobra al vendedor, dependiendo de la categoría y la provincia, entre el 11,80% y el 17,14% del precio de una venta. Si además quiere ofrecer cuotas manteniendo el precio publicado, tiene que agregar otro 9,40% para 3 cuotas, 15,10% para 6, 20,70% para 9 y hasta 25,90% para 12 cuotas.
Esto significa que un pequeño comerciante que vende un producto de $100.000 y quiere ofrecerlo en 12 cuotas puede terminar destinando más del 40% del precio entre la comisión por vender y el costo de las cuotas, dependiendo de la categoría. Después vienen impuestos, logística, costo de la mercadería y demás gastos. Buena parte de todo esto, obviamente, termina trasladándose al consumidor. Y muchas veces la plataforma, de manera unilateral y arbitraria, modifica esos costos, llevando a la quiebra a miles de pequeños comerciantes.
Pero, además, Mercado Pago participa en otra parte de la cadena. Dependiendo del medio de pago y del plazo de acreditación, el comerciante también paga por cobrar. Actualmente se publican costos que van desde el 0,8% más IVA para determinados pagos con QR hasta el 5,99% más IVA para ciertos cobros con tarjeta de crédito con acreditación inmediata. Y estos costos son en Argentina, en Brasil, donde también está ¡son más baratos!
Así, una misma estructura empresarial puede intervenir en la publicación, la venta, el cobro, la financiación, la publicidad para lograr visibilidad y la logística. Para un pequeño comerciante, Mercado Libre y Mercado Pago terminan convirtiéndose en una especie de socio obligatorio que participa de su facturación sin compartir ninguno de los riesgos propios del negocio. Y en este caso, la empresa se encargó a través de excenciones impositivas y de radicar su domicilio en el exterior que muy poco vuelva a la sociedad que la sustenta.
A esto se suma el crédito. Mercado Pago ofrece préstamos cuyas condiciones varían según cada usuario, por lo que no corresponde hablar de una única tasa. Pero sí corresponde discutir por qué el financiamiento de consumidores y pequeños comerciantes queda cada vez más en manos de estas empresas privadas y por qué el Estado no utiliza su banca pública para ofrecer alternativas mucho más económicas.
Argentina podría desarrollar una billetera pública para pagar y cobrar con costos mínimos, una plataforma nacional de comercio electrónico con comisiones bajas y un sistema de créditos blandos articulado con Banco Nación, Banco Provincia y otros bancos públicos. La propia información de las ventas, con autorización del comerciante y protección de sus datos, podría servir para evaluar automáticamente créditos destinados a comprar mercadería, maquinaria o financiar capital de trabajo.
Esto no es una fantasía tecnológica. En cierta medida, el Banco Provincia empezó con esta iniciativa con Cuenta DNI, que es una billetera virtual. Pero Brasil fue más lejos y a eso tenemos que apuntar. Ya que desarrolló no una billetera, sino una infraestructura pública para todo el sistema de pagos brasileño. Eso es Pix, el sistema de pagos instantáneos administrado por el Banco Central de Brasil. Comenzó a funcionar en 2020, permite transferir y pagar las 24 horas de todos los días y para las personas físicas es, como regla general, gratuito. A comienzos de 2026 ya lo habían utilizado más de 170 millones de brasileños y solamente durante enero se realizaron más de 7.000 millones de operaciones.
La experiencia de Pix comenzó durante el gobierno de Bolsonaro y continuó desarrollándose durante el gobierno de Lula. Eso también resulta interesante: Brasil consiguió transformar una infraestructura digital pública en una política que atravesó gobiernos de distinto signo político.
Nuestro país podría avanzar todavía más e incorporar también el problema de los trabajadores de plataformas. Un repartidor de Rappi o un conductor que trabaja mediante una aplicación aporta su tiempo, utiliza generalmente sus propias herramientas y asume los riesgos de la actividad. Sin embargo, buena parte de estos trabajadores permanece afuera de derechos laborales y de la seguridad social. Si bien, claramente apoyándonos en el Convenio 193 de la OIT, deberíamos imponer un sistema normativo que las obligue a cumplir con estos derechos laborales. Su amenaza es siempre abandonar el país y dejar miles de trabajadores en la calle, acusando de que eso les daría menos rentabilidad.
Para garantizarles esos derechos a los trabajadores y evitar que las actuales plataformas los tengan de rehenes, deberíamos crear una plataforma pública de las mismas características. Esta podría establecer que cada viaje, entrega o servicio genere automáticamente aportes para jubilación, obra social y cobertura frente a accidentes de trabajo. La tecnología permite hacerlo: si un algoritmo puede calcular en segundos cuánto cuesta un viaje, cuánto cobra la plataforma y cuánto recibe el trabajador, también puede calcular y depositar automáticamente los aportes correspondientes.
Y, ojo, la existencia de estas herramientas públicas tampoco requiere eliminar las plataformas privadas. Mercado Libre, Mercado Pago, Rappi o cualquier otra empresa podrían seguir funcionando. Pero tendrían que competir con una alternativa donde el objetivo no sea obtener la mayor comisión posible de cada operación, sino reducir los costos de intermediación, fortaleciendo el mercado interno, dinamizando el comercio e impulsando nuestra industria nacional. Además de ampliar el acceso al crédito.
Durante décadas el Estado construyó rutas, bancos, redes eléctricas, correos y otras infraestructuras porque eran fundamentales para el desarrollo económico. Hoy una parte creciente de nuestra economía circula por infraestructuras digitales privadas: allí compramos, vendemos, pagamos, pedimos préstamos y trabajamos.
Argentina tiene bancos públicos, universidades, empresas tecnológicas y recursos humanos suficientes para desarrollar una alternativa propia. La discusión que tenemos pendiente es si vamos a seguir aceptando que unas pocas empresas privadas cobren un porcentaje cada vez que alguien compra, vende, cobra o trabaja, o si vamos a utilizar las posibilidades que ofrece la tecnología para bajar costos, financiar a las pymes y extender derechos a los trabajadores de la economía digital.
